El Presidente Andrés Manuel López Obrador podría violentar la democracia y eliminará contrapesos que garantizan el respeto a los derechos humanos fortaleciendo un régimen autoritario.
En medio de una de las peores crisis económicas provocada por la pandemia, el Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador impulsa la extinción de los llamados ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS, afectando con ello la democracia y los derechos humanos de millones de mexicanos.
El Ejecutivo Federal señaló que pretende que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pasen a ser parte de dependencias del gobierno federal con lo cual perderían su autonomía, la cual es fundamental para desempeñar sus actividades de control y vigilancia del Poder Público.
Ambos organismos autónomos son parte de una estructura de contrapesos producto de la lucha social por la democratización del país, ya que están diseñados para defender a los mexicanos de los abusos por parte del gobierno. Bajo el argumento de ejercer un ahorro en el presupuesto, al incorporarlos a la estructura gubernamental, solo ganará más poder el autoritarismo bajo el cual se maneja el actual régimen.
Sin embargo, la importancia de estos organismos surge de la necesidad de contar con instituciones que colaboren en la regulación de la economía, con la pretensión de hacer de ellas un dique a la concentración desmedida de riqueza y del mercado. Hoy más que nunca frente a la crisis se requiere de instituciones autónomas para apoyar la reactivación económica.
El surgimiento de agencias administrativas en diversos sectores del orbe, cumple con la tarea de cuidar, vigilar y proteger los derechos de los consumidores, salvaguardar y garantizar sus derechos a precios justos; y limitar prácticas anticompetitivas. Bajo este marco surge el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es un organismo constitucional 1 autónomo encargado de regular y supervisar las redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones y la radiodifusión en México; así como del acceso a infraestructura y otros insumos esenciales, contribuyendo a garantizar el derecho a la información y el acceso universal a dichos servicios.
El IFT cuenta con facultades para regular a los participantes del mercado de las telecomunicaciones y radiodifusión, con el objeto de eliminar eficaz y eficientemente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; evitando la creación de monopolios en México.
La tarea fundamental del IFT contempla la inclusión de los intereses, derechos y comportamiento de los usuarios y de las audiencias, en la emisión de las políticas regulatorias, así como el desarrollo y la competencia efectiva en el sector de las telecomunicaciones y de la radiodifusión.
De igual modo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es un organismo el cual garantiza el derecho de acceso a la información pública de las personas para conocer directamente y sin intermediarios la información gubernamental que pueda estar contenida en cualquier medio de los sujetos obligados.
El papel que juega el INAI como un organismo que transparente el poder, de igual modo, garantiza que todos los mexicanos tengan información, la cual es determinante para la toma de decisiones públicas y con ello evaluar el desempeño de su gobierno. La razón de su autonomía radica en el conflicto de interés que representaría vigilar y solicitar que cumpla con la rendición cuentas un superior jerárquico. Es su autonomía la capacidad misma de obligar a las autoridades en el ámbito de sus competencias a publicitar sus accesiones.
La autonomía constitucional de ambos Institutos surge con la imperiosa urgencia de dotar de imparcialidad y solvencia técnica ambos campos, para que tanto su integración y conformación atendiera a la efectiva protección de estos derechos y no a interés políticos, cupulares y anti democráticos.
Su desprendimiento de los poderes tradicionales dimana del clientelismo, de la falta de profesionalismo, de la opacidad y, de la constante y retirada; vulneración de Derecho Humanos por parte del Ejecutivo Federal. Ante la propuesta exhortamos al Presidente y las autoridades a reconocer la lucha de la sociedad civil por transparentar al poder público y democratizar la económica, donde de manera probada y sustentada ambos Organismos han cumplido a cabalidad con su cometido.
De lo contrario, el signo de centralización de estas facultades demostraría el ánimo poco transparente y poco democrático que tiene frente a autoridades autónomas, de los cuales propios y ajenos tiene una defensa efectiva de sus derechos.
