La reciente declaración del presidente de México en el sentido de que los abogados que trabajan para empresas extranjeras del sector eléctrico son “traidores a la patria” es engañosa, violatoria de los derechos de las empresas, de los derechos laborales de los profesionales de la abogacía y refleja un amplio desconocimiento de las leyes mexicanas.
Un grupo de abogados conocedores de la constitución y de la legislación que rige el sector energético en México, coincidieron en asegurar lo anterior durante la conferencia La Defensa del Libre Ejercicio de la Profesión Legal en México en el marco de los Diálogos para un México Justo convocada por México Justo.org AC.
A pesar de que ese tipo de declaraciones como la realizada por el presidente el 22 de febrero durante su conferencia de prensa, son “elementos retóricos” para impactar en una población que en su mayoría desconoce de temas legales, se trata ya de un segundo caso en donde el mandatario mexicano habló abiertamente en contra de los derechos de profesionistas como lo hizo también con los médicos.
Valdemar Martínez Garza, presidente del Consejo Académico de México Justo.org AC capitulo Nuevo León, afirmó que no existe ningún dispositivo constitucional que prohíba a los extranjeros defenderse de los actos de gobierno que lesionen sus intereses, que no hay preceptos constitucionales que prohíban a los abogados mexicanos el derecho a defender a extranjeros y además que la Constitución Mexicana no define qué es lo que debe entenderse como “Traición a la Patria”.
El único precepto legal que habla de Traición a la Patria está en los artículos 122 y 123 del Código Penal Federal, cuando la acción de un mexicano ponga en riesgo la seguridad interior del país, o se intente someter a la república bajo el dominio de un gobierno extranjero, lo que refleja que acusar a los abogados de traición a la patria es un verdadero despropósito, aseveró.
Bajo esta lógica del mandatario, aseguró por su parte Arturo Pueblita Fernández, miembro del Colegio de Abogados de México, entonces todos los abogados tributarios, penalistas o cualquiera que enfrente al poder público en defensa de los derechos de sus representados son traidores a la patria.
El experto hizo un recuento de todos los tratados internacionales firmados por México en los que se habla del respeto a los derechos humanos y laborales, y a los que nuestro país se comprometió a defender, como son el Pacto de Nueva York de 1982 o el Pacto de San José sobre los derechos humanos en el continente americano.
Alejandro Zeind, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, advirtió que los dos señalamientos del presidente López Obrador en contra de los médicos y de los abogados los hizo en contra de profesiones “liberadoras”, es decir aquellas que cumplen importantes funciones sociales que deben caracterizarse por su independencia y no por su subordinación.
A pesar de que esa declaración es retórica, se debe tener mucho cuidado con estas expresiones, ya que bajo la lógica del ejecutivo, su investidura no debe tener contrapesos de poder y por lo tanto señalamientos de traición a la patria podrían presentarse nuevamente incluso contra los otros poderes de la federación.
Comentó que es fundamental que los colegios de abogados intensifiquen su defensa ante este tipo de excesos el mandatario y tratar de evitar que incluso el gobierno se llene de abogados fracasados que pretendan solamente someterse a los intereses de dirigentes locales e intereses políticos.
José Mario de la Garza, presidente de la asociación RENACE capítulo San Luis Potosí, hizo un llamado a replantear la abogacía, con el fin de preparar profesionales que tengan un alto nivel académico, y que lleven la profesión bajo tres lineamientos: educación profunda, control ético y responsabilidad social.
Ricardo Corona, presidente del Colegio de Abogados Egresados del ITAM, afirmó que hoy más que nunca es importante tener abogados que discutan y busquen soluciones para el bienestar de la sociedad, y defiendan el orden constitucional y el derecho de representación de las personas con apego a las leyes.
Advirtió sobre la reiterada práctica del ejecutivo de atacar con este tipo de expresiones a particulares o instancias de la sociedad civil, e incluso a los gobiernos que él cree que afectan sus proyectos.
Rosa Guadalupe Esparza, directora Contra la Violencia de Género de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública, afirmó que este tipo de “declaraciones al viento” preocupan ya que al venir del presidente de la república evidencian una clara ausencia de conocimiento sobre el texto constitucional.
Es necesario, añadió, crear unión y sinergia en el gremio de los abogados para evitar que se califique de esa manera a quienes defienden bajo los términos de la ley a empresas que participan en México sin importar el origen de sus recursos.
En tanto, Yara Gual Angeles, abogada de la firma Garza y Tello Clyde & Co., recordó su experiencia como funcionaria, en la que observó de cerca el interés de empresas con capital extranjero por invertir en el sector energético de México bajo los términos de las leyes del país.
Recomendó incrementar el esfuerzo de las diversas instancias de abogados en México por informar la población de las leyes y la aplicación de las mismas en México, y contrarrestar con ello las sistemáticas mentiras que se dicen en las conferencias mañaneras por parte del presidente de México.
La conferencia estuvo moderada por Juan Carlos Pérez Góngora presidente de México Justo.org AC, quien habló sobre la importancia del fortalecimiento del estado de derecho en México como parte fundamental de la democracia en nuestro país.
