Los resultados de la edición 2021-2022 del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, elaborado por World Justice Project, muestran un deterioro en materia de Estado de Derecho en gran parte de las entidades del país, así como un evidente estancamiento en los niveles de Ausencia de Corrupción.
La edición de este año de dicho Índice revela que fueron más los estados que mostraron retrocesos que aquellos que presentaron avances, lo que contrasta con los patrones observados en las ediciones anteriores.
Estos resultados, establece el estudio, se explican fundamentalmente por tres tendencias: el debilitamiento de los contrapesos institucionales a los gobiernos estatales y una contracción del espacio cívico, el deterioro en los sistemas de justicia penal y finalmente la falta de avances en materia de anticorrupción, explicaron las investigadoras del WJP Eréndira González y Estefany Caudillo.
En una representación ante especialistas de México Justo AC.org, en la que mostraron algunos de los principales resultados del Índice, explicaron que éste ofrece datos organizados en ocho factores que enmarcan el concepto de Estado de Derecho: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
Cabe decir que El Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 es la cuarta edición del único Indice subnacional producido por el WJP y constituye una de las mediciones más completas sobre el desempeño institucional en el país, al tiempo que es resultado de las respuestas de 12,800 personas de todo el país y más de 2,100 especialistas.
El Índice utilizó una escala de 0 a 1, donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de Derecho y “al igual que en la edición anterior, ningún estado se acerca a la calificación idónea, y ninguno alcanzó un puntaje superior a 0.5, lo que significa que todas las entidades del país tienen grandes retos en esta materia”.
Las expertas informaron que el Índice del Estado de Derecho de este año indica que los puntajes más altos fueron para Querétaro (0.49), Yucatán (0.47) y Guanajuato (0.46). Esta es la primera ocasión en la cual Querétaro y Guanajuato se encuentran en los primeros lugares, mientras que Yucatán se había ubicado en la primera posición en las tres ediciones anteriores.
Los estados con los puntajes más bajos fueron Quintana Roo (0.36), Morelos (0.35) y Guerrero (0.34). “Los puntajes de esta edición continúan mostrando un estancamiento, e incluso un deterioro, en materia de Estado de Derecho en los distintos estados del país”.
Los puntajes generales cayeron en 14 entidades, establece el estudio (Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco), subieron en seis (Durango, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y Tamaulipas), y permanecieron sin cambio en 12 (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas).
En materia de lucha contra la corrupción, el Indice informa que bajo el concepto de Ausencia de corrupción, los niveles se redujeron en 16 entidades, se mantuvieron en 11 y mejoraron únicamente en cinco, lo que demuestra un estancamiento en nuestro país en el combate a la corrupción.
La Ausencia de Corrupción cayó en Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Lis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán y se mantuvo sin cambios en Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala).
De igual manera hay un claro debilitamiento de los contrapesos institucionales, ya que el estudio refleja una contracción del espacio cívico y la prensa en 15 estados, a pesar de lo cual la sociedad civil y los medios siguen siendo los contrapesos más efectivos hacia los ejecutivos estatales.
Estos resultados generales se explican por tres tendencias, un debilitamiento de los contrapesos institucionales a los gobiernos estatales y un cierre del espacio cívico, un deterioro en los sistemas de justicia penal y la falta de avances en materia de anticorrupción.
Por otro lado, la efectividad de las investigaciones hechas por la policía y el Ministerio Público continúa siendo el mayor reto en materia de Justicia Penal, muestra de ello son los delitos que no se denuncian los cuales llegaron al 93.3% en el país, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021 del INEGI.
En el área civil y administrativa, establece el Indice, la justicia civil bajó en 18 estados (Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán).
González y Caudillo explicaron que el Índice utilizó tres tipos de fuentes de información: una encuesta a población general, encuestas a especialistas, abogados y abogadas que ejercen en cada uno de los 32 estados del país y estadísticas oficiales y bases de datos recopiladas por otras instituciones o fuentes terciarias.
Coincidieron en afirmar que cualquier acción efectiva para fortalecer el Estado de Derecho en el país debe partir de un entendimiento compartido sobre la situación y de una colaboración entre las partes involucradas: autoridades, ciudadanía, sociedad civil, academia e iniciativa privada.
Los resultados del Indice deben apoyar la acción pública, afirmaron, al tiempo que se congratularon que en México los ejercicios previos han sido referencia en diversas entidades para establecer acciones concretas.
El World Justice Project es una organización independiente, internacional, y multidisciplinaria que trabaja para avanzar el Estado de Derecho en el mundo y tiene su sede internacional en la ciudad de Washington, así como oficinas en Seattle, Singapur y Ciudad de México.
